Más de 300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en zonas rurales de los departamentos del Cauca (suroeste) y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, por combates entre grupos armados y con la fuerza pública, informó este jueves la ONU.

En la vereda (aldea) Buena Vista, del municipio de El Tarra (Norte de Santander), al menos 145 personas se tuvieron que albergar en un colegio por los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los pasados 23 y 24 de enero.

De las personas desplazadas, 72 son niños, niñas y adolescentes, y hay un total de 42 familias afectadas, detalló la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El colegio en el que permanecen carece de agua para el consumo, preparación de alimentos, aseo personal y desagüe de las unidades sanitarias, lo cual pone en riesgo la salud de las personas que allí se encuentran.

La Organización señaló que los lideres sociales han solicitado atención médica "para una mujer con 8 meses de gestación", así como alimentos para los menores, "quienes representan el 50 % de las víctimas".

"El Equipo Local de Coordinación de Norte de Santander, bajo el liderazgo humanitario de OCHA, continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales", añadió la entidad.

El Tarra hace parte del selvático departamento del Catatumbo, en el que tiene una fuerte presencia el ELN, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencias de las FARC, antiguos grupos paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas que se disputan el territorio.

De igual forma, alrededor de 200 personas fueron desplazadas de la vereda El Crucero, en el municipio de Corinto (Cauca), por combates entre disidencias de las FARC y el EPL, considerada una banda narcotraficante por el Gobierno colombiano.

Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.

Por esas confrontaciones, que iniciaron el pasado 25 de enero, unas 50 familias se desplazaron hacia la vereda Río Negro del mismo municipio, aunque no hay información que verifique su ubicación actual, afirma el comunicado.

Además, los combates han restringido la movilidad de 400 personas y ocasionaron la suspensión de clases en la Institución Educativa Carmensita Cardona, afectando a 411 estudiantes.

La Organización ha identificado en la zona necesidades de protección, educación y vivienda, así como salud mental y física, explicó la información.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron ayer que los continuos enfrentamientos entre estos grupos ilegales han puesto en riesgo a varias comunidades indígenas.

EFE